Democracia y medios: periodismo ético frente al espectáculo informativo, por Emelina Fernández

(Resumen de la conferencia dictada en el Ateneo de Málaga).

Emelina Fernández, presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía.

El desafío de los próximos años no es lograr que las cosas vuelvan a ser como antes de la crisis en el sector audiovisual, sino consensuar un nuevo escenario comunicativo para la era digital. Es necesario contar con unos medios comprometidos y responsables que informen con veracidad y rigor, con precisión, independencia e imparcialidad. Es más, también es importante que se conviertan en plataformas plurales de opinión, en agentes que estimulen el debate, la participación y la reflexión sobre los asuntos que más preocupan a la comunidad.

Y no conviene perder tiempo en esa tarea, ya que la erosión que han sufrido durante los últimos años los medios públicos audiovisuales es más que significativa, a pesar de prestar un servicio esencial a nuestra democracia. Tenemos que reflexionar sobre la posibilidad de que se esté aprovechando la crisis para intentar desmantelar el sector público de la comunicación y la cultura,  al que, paradójicamente, el discurso europeo oficial califica como palanca esencial para salir de la recesión.

El maltrato a los medios de todos no es el único peligro ante el que debemos permanecer alerta: la precariedad laboral, la falta de independencia informativa y, sobre todo, la banalización de la información constituyen las principales amenazas del periodismo en nuestro país. La información es un derecho, no un espectáculo. La vulneración de la presunción de inocencia y el aumento de los juicios paralelos son demasiado frecuentes en nuestros medios.

La transparencia de los procesos judiciales es un elemento básico del sistema democrático. La libertad de información no puede restringirse mediante censura previa. No obstante, existen límites, como el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen o a la protección de los menores. Por su parte, los profesionales de la Administración de Justicia han de asumir con normalidad la publicidad y crítica de las actuaciones judiciales.

En relación al pluralismo político, la ciudadanía percibe una fuerte conexión entre emisoras públicas y gobiernos. El sectarismo y la arbitrariedad suscitan rechazo y nos empujan a reflexionar sobre cómo sanear los procesos que generan la información política en los medios públicos. La solución no ha de venir de la mano de esos debates y tertulias donde, a menudo, se hace un grosero proselitismo de las líneas editoriales del operador y, sobre todo, que resultan más baratos de producir que un informativo riguroso y plural.

La situación de duopolio que vive el sector privado, combinada con la ausencia de un regulador audiovisual independiente a nivel nacional, está contribuyendo a una relajación de las radiotelevisiones privadas en campos como la publicidad o la protección de los menores, y se ha producido una innegable involución en el fomento de la igualdad de género. ¿Cómo podemos hablar de un sistema democrático solvente en una sociedad cuyos medios no fomentan la igualdad y en la que se merman sistemáticamente los derechos de más de la mitad de su población?

Con la perspectiva que da el tiempo -la Ley General es de 2010 y algunos importantes códigos éticos son aún más antiguos-, podemos afirmar que la autorregulación ha fracasado en España. Nuestro país carece de tradición autorreguladora y el incumplimiento de las normas, de los acuerdos y de la ética profesional en los medios tiene, a menudo, coste cero.

Al margen de las convenientes reformas normativas, la corregulación o de la imposición de sanciones, difícilmente erradicaremos las malas prácticas y las vulneraciones de la ley de nuestras televisiones y emisoras de radio sin la complicidad activa de la propia ciudadanía. Es importante que todos y todas avancemos en el campo de la alfabetización mediática, que seamos conscientes de los derechos que tenemos en este campo y tomemos la iniciativa para reivindicarlos cuando no se respeten.

 

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