El canon digital: ¿canonización o condenación?

La aplicación del canon digital viene envuelta en una controversia desde su inicio, exacerbada en los últimos tiempos en el marco del agrio debate abierto entre los defensores y los detractores de los derechos de propiedad intelectual. Como es sabido, dicho canon fue establecido en el año 2006, bajo la denominación de compensación equitativa por copia privada, a favor (irrenunciablemente) de los autores (e intérpretes) de obras que puedan reproducirse o copiarse mediante equipos y aparatos digitales.

Cuando se aprobó la medida, el hecho de que la exigencia de dicha carga estuviera ligada a una mera presunción (por ejemplo, de que alguien que compra un reproductor de música no vaya a hacer uso exclusivamente de originales) provocó en muchas personas una considerable reacción de rechazo, que puede ser bastante lógica. Posteriormente, en la práctica, cuando adquirimos productos sujetos al canon, no llegamos a ser plenamente conscientes de los componentes del precio, al igual que, cuando echamos gasolina, ignoramos realmente cuánto estamos pagando en concepto de los impuestos repercutidos (sobre hidrocarburos, sobre ventas minoristas de carburantes e IVA).

Pero, al margen de lo anterior, una vez superada la reacción inicial, puede ser oportuno aproximarse a la figura del canon tratando de manejar argumentos lo más objetivos posible. Para ello es preciso retrotraernos al origen de la historia: los derechos de autor. Pues bien, con independencia de la posición personal que podamos mantener al respecto, lo cierto es que el marco legal español y el comunitario reconocen tales derechos (“la propiedad intelectual de una obra artística, literaria o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación”, dicta el artículo 1 de la Ley de Propiedad Intelectual).

Un rasgo básico de un Estado democrático es el imperio de la ley, elaborada y aprobada por los representantes de la soberanía popular. Establecido y reconocido un derecho, se plantea la cuestión de cómo debe actuar la Administración pública para protegerlo. En el caso de los relativos a la propiedad de bienes tangibles, reales o financieros, la situación es, normalmente, relativamente simple. Además, en estos casos, el mercado funciona tajantemente: en él se aplica la exclusión de quienes no estén dispuestos a pagar un precio por hacerse con los bienes que otras personas decidan poner a la venta.

En el de los relativos a la propiedad intelectual, la situación es bastante más complicada de gestionar y materialmente imposible de controlar a raíz de los adelantos técnicos. Definitivamente, las nuevas tecnologías dejan sin contenido real el respeto de dichos derechos en el ámbito personal (privado). ¿Qué debe hacer el sector público ante la imposibilidad de instrumentar (salvaguardando la privacidad y sin incurrir en costes prohibitivos) una regulación eficaz?

La teoría económica nos aporta algunas posibles pautas de conducta. Si admitimos que la actividad creativa globalmente considerada aporta beneficios al conjunto de la sociedad, se corre el riesgo de que éstos no aparezcan si los creadores no pueden garantizarse una determinada retribución. De ser así, estaríamos ante un servicio colectivo no suministrado por el mercado, por lo que podría tener sentido que el sector público tomara cartas en el asunto y creara algún impuesto específico, o aumentara el tipo de gravamen de alguno ya existente, para subvencionar las creaciones artísticas.

Otra vía, ajena a la tributación, pero de efectos económicos equivalentes, sería regular el precio de los aparatos y soportes de copia y reproducción, obligando a que una parte del mismo se destine a los autores de las obras. Es la opción -en la que la intervención pública se limita a la publicación de la norma en el Boletín Oficial del Estado- adoptada a través del canon digital, que, al no ir destinado a una administración pública, no constituye un tributo y, por tanto, tampoco un impuesto. La utilización de supuestos de presunción, por cierto, no es algo desconocido en el campo de la fiscalidad (pueden citarse, a modo de analogía, ejemplos como la renta imputada a los propietarios de segundas viviendas, las estimaciones de beneficios de los empresarios acogidos al régimen de módulos, etc.).

En suma, si se parte de que el derecho de autor es protegible, la fórmula del canon digital puede considerarse, en términos globales, una alternativa aceptable. Cuestiones distintas son, obviamente, su cuantía correcta y su adecuada distribución entre los beneficiarios. Asimismo, quienes no tengan dependencia económica de su actividad creativa posiblemente valoren ante todo la difusión de sus obras, asociadas a su autoría, lo que requeriría un tratamiento específico.

Otro aspecto relevante que surge siempre que se trata de analizar el impacto de cualquier gravamen es lo que los economistas denominan la incidencia distributiva. Hay casos en los que aunque un impuesto se incluya formalmente en el importe que se cobra al consumidor, puede que éste no lo soporte verdaderamente, si el vendedor no ha podido incrementar su precio en la misma proporción. En tal supuesto, la carga estaría siendo soportada por el empresario por la vía de menores beneficios. De manera similar, la competencia y la reacción de la demanda pueden determinar que la cuantía del canon digital no se traslade íntegramente a los precios finales.

Pero, evidentemente, si no se reconocen los mencionados derechos, sobra toda la disquisición anterior. En cualquier caso, el expediente de la canonización del canon digital se antoja bastante más arduo que el de su condenación. El recurso a dogmas de uno u otro tipo puede ayudar a zanjar la discusión de forma expeditiva, aunque, probablemente, de un modo no igualmente convincente para todas las partes interesadas.

José M. Domínguez Martínez

(Artículo publicado en “La Opinión de Málaga”, con  fecha 17 de marzo de 2010).

2 respuestas a "El canon digital: ¿canonización o condenación?"

  • José María Ruiz Palomo says:
  • José M. Domínguez says:
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