LA II REPÚBLICA: ¿SÍMBOLO O ESTIGMA?, por Juan Antonio Fernández Arévalo

       Hay fechas o períodos en la historia de cada país que suscitan sentimientos, reacciones o posicionamientos rígidos que difícilmente varían.

         Una de esas fechas es la proclamación de la Constitución de Cádiz el día 19 de marzo de 1812. A lo largo del siglo XIX, la Constitución de Cádiz fue objeto de  ataques virulentos por parte de las clases más reaccionarias de nuestro país: terratenientes, nobles, clérigos…tomaron la Constitución como un auténtico estigma que había que borrar hasta de la memoria, como se encargaría de decir Fernando VII. Para otras clases sociales, más ligadas siempre con el progreso y la modernización del país, la institución gaditana actuó siempre como un símbolo o modelo al que imitar. De ahí que la historia constitucional de España sea una historia pendular en la que la Constitución del 12 actúa de modelo positivo o negativo, bien para imitarla, bien para desterrarla de nuestro horizonte legal. Y así las constituciones del XIX fueron progresistas o conservadoras en función de los dirigentes políticos de ese momento. En la actualidad, sin embargo, como tantas veces en la historia, la Constitución de Cádiz pasa por ser un foco de iluminación para todos, incluso para aquellos cuya acción política se distancia claramente de aquel espíritu liberal con el que el texto gaditano ha pasado a la historia.

No sé si la memoria y la apreciación de la II República transitará, en un futuro, por los mismos derroteros que la Constitución de Cádiz, pero en la actualidad, este período suscita sentimientos contrapuestos, muchas veces irreflexivos, otras acompañados de una desinformación interesada y otras dependientes de alineamientos inflexibles de carácter ideológico, los mismos que boicotearon cualquier desarrollo razonable de la II República. No se ha producido, por tanto, esa progresiva unificación del pensamiento hacia la consideración de un período, al menos en su primer bienio, claramente positivo y modernizador para una España anclada en un atraso económico y social asfixiante. La mera referencia a la II República supone la puesta en guardia de muchos: unos para vituperarla y otros para defenderla, en este orden. Para los primeros, la II República funciona como un periodo estigmatizado que nos lleva inexorablemente a la Guerra Civil, convirtiendo así un periodo histórico en un ente con voluntad predeterminada hacia el caos y la confrontación que culmina, como no podía ser de otro modo, en el conflicto armado de trágica memoria, llegándose incluso a confundir, y no de manera inocente, II República y Guerra Civil. Para los segundos, la II República aparece como un símbolo de libertad y modernización, superador de siglos de atraso, de explotación y de miseria para la mayoría de los españoles. La II República como símbolo de la fecundidad del campesino libre, de la emancipación de la mujer o de la ilustración de la escuela pública y laica, frente a la simbología contraria del cacique terrateniente, del cura reaccionario o del banquero ostentoso.

El estudio en profundidad de los valores y fines de aquel periodo es el único que puede sacar a la República de la demonización a la que ha sido sometida por distintos sectores sociales de nuestro país.

Se ha hablado mucho de los valores de la Constitución de 1978 y de la transición democrática, tras la muerte del dictador, como el periodo más rico y fecundo de nuestra historia. No seré yo quien lo ponga en duda, aunque pudieran hacérsele algunos reproches de no pequeño calado. Sin embargo, nadie puede defender la transición como el principio de la historia. La transición no se construye en el vacío ideológico sino que toma sus influencias de otros periodos y otros momentos, internos y foráneos, entre los cuales, sin duda, figura, mal que pese a muchos, el modelo de valores, derechos, libertades y principios que formaron el esqueleto institucional de la II República.

El hecho de que no se deban eludir juicios críticos sobre las deficiencias y errores, graves muchas veces, de la República, no debiera apartarnos de una posición global de comprensión y simpatía hacia un régimen político que emprendió una titánica tarea por la regeneración y modernización de España. La frustración de una esperanza como idea-fuerza pudiera ser el elemento sintetizador del juicio sobre la II República. Una esperanza cimentada en los dos primeros años (1931-33) en que se afrontaron, con urgencia y valentía, problemas seculares que habían ido sumiendo a España en un subdesarrollo político, económico, social, cultural e institucional que nos alejaba cada día más de Europa. Y, todo ello, en un contexto claramente desfavorable, en medio de una terrible crisis económica internacional y del auge provocador de los fascismos y de los totalitarismos más extremos.

Heredaba la II República una España ruralizada y analfabeta al 50%, sin que los poderes políticos, económicos y sociales de la Monarquía se mostraran dispuestos a iniciar un mínimo proceso de reformas que aliviase la  precariedad de una buena parte de la población que, en algunos casos –mujeres, campesinos, jornaleros-, llegaba a límites difícilmente soportables.

En ese contexto, la II República acepta el reto y, en su primer bienio, claramente reformista, inicia (de ahí su valor simbólico) una frenética actividad política y legislativa encaminada a acometer los inaplazables retos que la situación requería. Sin lugar a dudas, no hay ningún otro periodo en la Historia de España, y posiblemente tampoco en la europea, en el que se hayan afrontado reformas de tanto calado y de tanta trascendencia en tan escaso tiempo. Con resultados dispares, es verdad, pero con la voluntad política, en general, de solucionar problemas ancestrales que anclaban España en épocas más ligadas al feudalismo residual que a la revolución industrial incipiente.

Ya la propia proclamación de la República había supuesto una lección histórica de paz y de esperanza. Sin un solo tiro ni una sola víctima, en momentos de tanta confusión, una gran mayoría de súbditos se convirtieron de la noche a la mañana en ciudadanos respetables. Y esa euforia contenida invadía las calles de todas las ciudades y el ánimo de la mayoría de las gentes de buena voluntad. No fue el despertar de la chusma, como la historiografía franquista ha querido imponernos, sino el espíritu de un pueblo que quería ser dueño de su destino. Intelectuales, profesionales, maestros, comerciantes, industriales, se unieron a las clases trabajadoras en esa gran fiesta de la recién nacida democracia. No fue, en absoluto, un régimen aceptado como un “trágala”, antes al contrario, unificó voluntades dispares de jornaleros encallecidos y humillados a través de los siglos con pensadores de claro fervor republicano, cuyo compromiso con la República jamás abandonaron.

La necesidad de dotar a la República de un marco institucional hizo que en unos meses se elaborase y se aprobase una constitución que consagraba los principios más modernizadores de todo el espectro constitucional universal. Derechos y libertades sin límite alguno, amparados y tutelados, además, por un novedoso Tribunal de Garantías Constitucionales. Separación de la Iglesia y el Estado, exponente de una concepción laica, sin las ataduras sempiternas de una Iglesia contraria a cualquier destello de libertad: científica, ideológica, de enseñanza o de moral sexual. Emancipación de la mujer, con el reconocimiento de su personalidad individualizada y liberada de la tutela paterna o marital, cuya máxima expresión fue la concesión del sufragio. El planteamiento de un diseño territorial superador del centralismo decimonónico. Una Constitución, pues, que recogía las doctrinas y principios más avanzados del constitucionalismo, cuyo espectro, sin duda, ha dejado su huella en la Constitución de 1978, como no podía ser de otra manera.

Y la acción política camina en consonancia con el espíritu y la letra de la Constitución de 1931. De todos es conocida la frenética actividad en campos tan variados como la educación y la cultura, las relaciones laborales, la reforma militar, la reforma agraria, etc.

Quienes navegamos por los entresijos de la Historia tenemos, pienso yo, la obligación pedagógica de dar un mensaje sobre la II República alejado del radicalismo con que se le ha tildado desde posiciones coincidentes con la interpretación franquista. A mi juicio, lo que le da a la República –y siempre me refiero al primer bienio- su carácter de símbolo, ejemplo y modelo de democracia no son las tentativas de revolución proletaria y, mucho menos, los intentos de echar el freno hacia cualquier reforma, por tímida que pareciese; lo que alcanza ese valor simbólico es, sin duda, el proyecto de construcción de un Estado concebido para introducir a España entre los países más desarrollados del mundo. En tan solo dos años se consiguieron objetivos de una trascendencia extraordinaria, cuya referencia, en lo esencial, conocemos todos los que nos hemos reunido aquí. La pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Qué hubiera sucedido si ese bienio reformista hubiese durado diez años?

Hace unos días escuchaba a un maestro de la República decir que la Guerra Civil la perdieron los maestros y la ganaron los curas. Frase rotunda e inequívoca a la que se podría añadir también que la ganaron los militares y la perdieron los jueces. Dos grupos profesionales, maestros y jueces, que sufrirían una especial depuración durante la Dictadura franquista y que encarnaban la mejor expresión de la educación y la cultura, por una parte, y de la ley y el Estado de derecho por otra, es decir, de los pilares básicos de una democracia avanzada y moderna, como la que quiso construir la II República.

 

 

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